Por Juan José Lyon y Juan Carlos Said, Fundación América Transparente

La crisis de coronavirus y el debate suscitado en torno a la veracidad de los datos publicados por el gobierno respecto a contagios y fallecidos, ha puesto en evidencia un problema serio de nuestra institucionalidad: la falta de confianza en la información entregada por el Estado. Esto no es casualidad. En la OCDE, Chile está entre los tres países con menor transparencia en el acceso a datos de gobierno.

La transparencia, entendida como la “divulgación de información que sea relevante para las instituciones evaluadoras”, ha sido reconocida por la OCDE como un elemento clave para construir democracias sólidas, pues permite que todos los ciudadanos fiscalicen el accionar del gobierno, reduciendo el riesgo de corrupción y contribuyendo a mejorar la eficiencia en el gasto del Estado.

Pero, ¿por qué estamos al debe en este ítem, si tenemos una “Ley de Transparencia” promulgada el año 2008? Efectivamente, esta ley obliga a municipalidades, ministerios y diversas entidades del Estado, a subir documentos públicos como contratos, subvenciones, sueldos o actas de los Consejos Municipales en forma activa (sin que alguien tenga que solicitarlo) y en forma regular a sus páginas web. Sin embargo, se trata de una transparencia meramente formal: deja los documentos disponibles, pero de una manera en que encontrarlos y usarlos se hace difícil.

A modo de ejemplo, las municipalidades suben datos de sueldos de sus funcionarios a sus propias páginas web, pero frecuentemente desactivan en sus servidores la opción que permitiría que el documento (usualmente en formato PDF) sea encontrable por Google. Además, usualmente suben la información en formatos ilegibles o con letra muy pequeña (https://transparencia.vinadelmarchile.cl/download/0/a95dd9c8eca62290046f031060fcbf91.html).

Asimismo, la información de los sueldos no se encuentra integrada en un solo buscador, por lo que, excepto que se busque manualmente en cada organismo, no es posible detectar rápidamente prácticas de nepotismo o conflictos de interés.

Como Fundación América Transparente, creemos que este tipo de transparencia, formal y no real, debilita nuestra democracia. No basta que la información esté teóricamente disponible; si queremos reducir la corrupción y aumentar la confianza en las instituciones públicas, debemos acercar la transparencia a las personas en un formato amigable y accesible. Para promover esto, de hecho, hemos creado el primer buscador de sueldos públicos del Estado (www.reguleque.cl) , que permite encontrar los sueldos de todos los funcionarios públicos en un solo lugar.

Sin embargo, nuestro esfuerzo no basta: es necesario generar una política que permita un acceso amigable a otros datos. Por ejemplo, un buscador que permita conocer los dueños finales de sociedades, tomando como modelo el buscador del gobierno británico “Companies House” (https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house). Aplicado en Chile, esto permitiría saber efectivamente quienes son los dueños de empresas que se ganan licitaciones del Estado, y si están o no relacionados con empleados públicos, reduciendo riesgo de corrupción. Permitiría, además, que la ciudadanía o la prensa verificara si las declaraciones de conflictos de intereses o de activos en empresas realizadas por los políticos son completas o no.

¿Por qué nos preocupa tanto esto? La corrupción ha proliferado en nuestro Estado y en su relación con privados, a través de licitaciones fraudulentas, nepotismo y malversación de recursos fiscales. Sin embargo, las herramientas de la ciudadanía y la sociedad civil para fiscalizar el accionar del gobierno no han experimentado mejoras sustantivas desde la publicación de la Ley de Transparencia el año 2008. Muy por el contrario:  en los últimos cinco años, hemos pasado del lugar 19 al 31 en transparencia a nivel OCDE.

Es clave volver a reconstruir la confianza en las instituciones, promoviendo una transparencia cercana a las personas. No es la solución para todos los problemas, pero es un primer paso para reducir la corrupción y crear un Estado que deje de ser el botín para el partido político de turno, y se convierta en una institución eficiente que pueda hacerse cargo de las grandes demandas de los chilenos en salud, pensiones, pobreza y desigualdad.