En total, entre julio y noviembre de 2020, se ejecutó $2.340 millones para el IFE, en su revisión, la Contraloría General de la República determinó pagos por cerca de $247 millones que no se ajustaban a la ley. El informe final destaca faltas de control y eficiencia por parte de IPS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La entidad fiscalizadora efectuó cruces de información entre los antecedentes y bases de datos proporcionados por la Subsecretaría de Evaluación Social, SES, respecto de los beneficiarios del IFE remitidos al IPS; con los datos obtenidos desde otras fuentes: el Servicio de Registro Civil e Identificación, el  SII y el SERVEL. El beneficio IFE va desde los $100 mil hasta casi $760 mil pesos. Del análisis de Contraloría, por datos extemporáneos, el IPS otorgó en total $17,950 millones por 263 personas que se encuentran fallecidas y 72 obtuvieron el beneficio bajo la modalidad de forma automática, pagando en total $5,941 millones.

Se determinó que se benefició por un total $13,3 millones a 177 personas con RUTs inválidos. Tanto el Ministerio de Desarrollo Social y Familia como el Instituto de Previsión Social deberán trabajar en conjunto con el Registro Civil para mejorar el Registro de Información Social que conforma el Registro Social de Hogares. La Contraloría también identificó 227 empleados públicos y 30 concejales al momento de la determinación del beneficio, a los cuales no les correspondía el beneficio del IFE, de lo que se constató el pago por parte del IPS de $17,7 millones y $2,9 millones, respectivamente.

Se constató el pago por casi $199 millones a 1.083 hogares, en donde se verificó que existían ingresos por boletas de honorarios electrónicas, emitidas hasta el 30 de junio de 2020, que superaban el límite legal para el otorgamiento del beneficio IFE. Se dio cuenta de que la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia no cuenta con proceso para eliminar o bloquear acceso a la casilla de información para ex funcionarios. 3 ex trabajadores aún tenían acceso, aumentando el riesgo de la administración de información sensible.

Además para la descarga de nóminas de beneficiarios del IFE, Contraloría advirtió que el IPS utilizaba la cuenta de una ex funcionaria, que trabajó hasta el año 2013. Por 7 años, esta cuenta fue utilizada por funcionarios del departamento de gestión de pago del instituto. El Instituto de Previsión Social deberá acreditar documentalmente las acciones realizadas de anulación, cobranza y bloqueo de los pagos improcedentes del IFE, informando dichas medidas a la Contraloría, en los próximos 60 días hábiles.