La relación entre proveedores y funcionarios en la Municipalidad de Las Condes salió a la palestra luego de que Ciper publicara que Pedro Carrasco, el director de Compras de Las Condes, usaba autos de proveedores, y que en sus cuentas había $108 millones en depósitos en efectivo. Ya en 2022, Carrasco había enfrentado un sumario por la contratación vía trato directo de María José Cornejo Altamirano e Isidora Paz Cornejo Jofré. Como revelaron América Transparente y Ciper, la primera era socia de una empresa proveedora del municipio y la segunda era su prima hermana, ambas con escasa experiencia profesional.
En esa oportunidad, la alcaldesa Daniela Peñaloza absolvió a Carrasco de cualquier responsabilidad. Sin embargo, al revisar los argumento que Carrasco dio en su defensa, llama la atención que este aludió a la contratación de la Fundación Jaime Guzmán que el “Comité de Propuestas Públicas” de la Municipalidad hizo vía trato directo en el año 2020, cuando Joaquín Lavin era alcalde de la comuna y la actual edil era Subdirectora de Desarrollo Comunitario. Según la orden de compra del servicio, el objetivo era brindar “asesoría jurídica especializada, destinada a la elaboración de informes periódicos”.
Carrasco cuestionó el que se le sumariase a él por la contratación de Altamirano y Cornejo, y que no se investigase la contratación de la Fundación, asegurando que el servicio de asesoría no se licitó, pese a que existían empresas reconocidas en el mercado jurídico, como Microjuris o Thomson Reuters. Además, señaló que la dirección Jurídica y la de Control tenían en ese momento abogados “con amplísima experiencia en derecho administrativo” que podrían haber prestado el servicio. América Transparente constató que en septiembre de 2020, fecha del trato directo en cuestión, entre ambas direcciones sumaban 13 abogados trabajando para el municipio.
El director de Compras conocía bien la contratación de la Fundación Jaime Guzmán: él mismo remitió al secretario comunal el acta de aprobación del trato directo.
Lo que Carrasco no mencionó, es que la comisión evaluadora que revisó los antecedentes para el trato directo estuvo compuesta por tres funcionarios y dos de ellos habían formado parte de un programa de la Fundación Jaime Guzmán llamado “Jóvenes al Servicio de Chile”. Fue gracias a ese programa que una de las evaluadoras ingresó a trabajar a Las Condes.
Los informes de la Fundación Jaime Guzmán
América Transparente revisó el proceso de contratación de la Fundación, por el cual Las Condes le adjudicó vía trato directo el servicio de asesoría por un total de 840 UF (a la fecha de envío de la orden de compra, equivalente a más de $24 millones) a pagarse en cuotas mensuales durante dos años.
Según el decreto que autorizó la contratación, los informes que buscaba tener la municipalidad consistían en reportes semanales entregados cada lunes. Estos debían contener “los hechos jurídicos relevantes ocurridos durante la tramitación de proyectos de ley que tengan significancia o impacto en temas municipales”. Además, se debía incluir jurisprudencia en temas municipales emitida por la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y los “tribunales superiores de justicia”.
Lo que llama la atención, es que la comisión evaluadora que revisó los antecedentes y la oferta económica que hizo la Fundación para el trato directo, estuvo compuesta por tres funcionarios y dos de ellos habían formado parte de un programa de la Fundación Jaime Guzmán llamado “Jóvenes al Servicio de Chile”.
La actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, fue directora de dicho programa entre 2008 y 2009. Según su página web, “Jóvenes al Servicio de Chile” recluta “a los mejores profesionales para trabajar en el servicio público durante al menos un año, especialmente en municipalidades y ONG´s, con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunas más vulnerables”.
Sin embargo, ninguno de los funcionarios que participaron de dicho programa se abstuvo de ser parte de la comisión evaluadora en el trato directo por 840 UF.
Los funcionarios que llegaron a Las Condes y la Fundación Jaime Guzmán
La comisión evaluadora del trato directo verificó los antecedentes presentados por la fundación y propuso al alcalde aprobar la contratación. Allí estuvo la administradora pública Muriel Espinoza Mellado, esposa de Máximo Pavez Cantillano (UDI), ex miembro de la Comisión Experta, órgano encargado de elaborar un anteproyecto de nueva Constitución. Cabe destacar que Pavez fue director del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán entre 2015 y 2018, dejando luego su cargo para integrarse a la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno del Presidente Piñera.
Muriel Espinoza ingresó a trabajar a la Municipalidad de Las Condes en el año 2017, al participar del programa “Jóvenes al Servicio de Chile” de la Fundación Jaime Guzmán que la puso en el municipio. Consultada en una entrevista de la época por el motivo que la llevó a ingresar a Las Condes, Espinoza respondió: “Desde que estaba en la universidad me he sentido motivada por las ideas de Jaime Guzmán, cosa que siempre he compatibilizado con mi profesión (…) Siento un compromiso con el proyecto político del alcalde (Joaquín Lavín) y por hacer de esta comuna un mejor lugar donde vivir”.
Desde entonces, Espinoza siguió ascendiendo en el municipio. En 2020 se desempeñaba en la Secretaría comunal de Planificación, rol desde el cual participó de la comisión evaluadora del trato directo con la Fundación Jaime Guzmán. Hoy, tiene un cargo directivo en la Dirección de Tránsito y recientemente salió a la palestra por haber recibido durante 2022 más de $23 millones al año sólo por horas extras en el municipio, según información de Transparencia. Esto equivale en promedio a realizar unas 98 horas extras cada mes.
El otro funcionario con vínculos con la fundación y quien fue parte de la comisión evaluadora, es Alejandro Contreras Morales. En 2020, él era secretario comunal de Planificación. Al igual que Espinoza, formó parte del programa “Jóvenes al Servicio de Chile” de la Fundación Jaime Guzmán, que lo llevó a desempeñarse en la Municipalidad de Lago Verde, donde trabajó con Tomás Hoffman (hermano de la exdiputada María José Hoffman, UDI), quien actualmente también trabaja en Las Condes.
Contreras fue además, quien estuvo a cargo de la ejecución del contrato de la Municipalidad con la Fundación Jaime Guzmán, según explica el decreto de compra.
Consultada al respecto, la municipalidad no se refirió a la participación de los funcionarios en la comisión de evaluación, pero explicó que “en la anterior administración se tomó la decisión de realizar un trato directo debido a que las materias sobre las que trataban los informes jurídicos solicitados requerían de conocimientos especializados”. Añadió que ello “hacía necesario contratar los servicios a un proveedor específico, con ciertas cualidades, con experiencia en materia de derecho administrativo y municipal, ya que el municipio no contaba con personal para la ejecución de un servicio de esta naturaleza”.
La “Alerta Municipal”
La revisión en Mercado Público de las órdenes de compra que ha recibido la Fundación Jaime Guzmán de parte de la Municipalidad de Las Condes muestra que todos los contratos allí publicados han sido otorgados vía trato directo.
La primera orden de compra que se registra en el portal data de 2006 y hace referencia a capacitaciones, un área en la que la organización logró cerrar órdenes de compra directas ininterrumpidamente durante al menos cinco años. De hecho, en 2006 la entidad realizó capacitaciones para la Corporación de Educación y Salud de Las Condes por $3.750.000.
La asesoría jurídica que la fundación vendió a Las Condes en 2020, data al menos desde 2014, fecha en que Máximo Pavez era abogado de la ong. De hecho, esos informes semanales toman el nombre de “alerta municipal” en numerosas órdenes de compra con esa y otras municipalidades.
En 2014, además de Las Condes, la Fundación Jaime Guzmán logró contratos vía trato directo para sus informes semanales con la Municipalidad de Estación Central, liderada en ese entonces por Rodrigo Delgado (UDI), y de Rancagua, liderada por Eduardo Soto (UDI).
En 2015, se sumó a los tratos directos Vitacura, entonces al mando de Raúl Torrealba (RN), y Lo Barnechea, liderada por Felipe Guevara (RN), y en 2017 la Municipalidad de Zapallar, dirigida por Gustavo Alessandri (Independiente apoyado por la UDI). En 2020, la Fundación cobró a Las Condes 35 UF mensuales por los informes. A Zapallar, $580 mil.
