Para hacer compras relacionadas a seguridad, estas dos municipalidades del sector oriente optaron por un mecanismo que no permite la competencia ni el escrutinio público: se hacen mediante entidades privadas que no están obligadas a informar sus operaciones ni contrataciones. Se trata de “Lo Barnechea Seguridad” y la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”, ambos organismos financiados por sus respectivos municipios, pero que actúan como entes independientes que compran fuera del sistema de adquisiciones públicas. Esto trae riesgos de potenciales sobreprecios y sobresueldos.
Por: María Fernanda Leiva y Tamara Silva*
Dominga es una vecina de la comuna de Las Condes que fue asaltada en julio. Un funcionario de seguridad llegó vistiendo una polera, un chaleco antibalas y un jockey rojo con los logos de la municipalidad, en una moto del mismo color con un letrero que decía “Las Condes”. Nadie dudaría que el vigilante trabaja para el municipio, pero la verdad es que no es así. Los guardias de seguridad en Las Condes (y también en Lo Barnechea) son empleados de un organismo privado, una organización comunitaria funcional que la municipalidad financia pero a la cual no tiene cómo pedirle cuentas. Y de cuyos funcionarios no se responsabiliza: ni de sus operaciones, ni de eventuales faltas al Código del Trabajo.
En Chile, cada municipalidad tiene su propio departamento de seguridad ciudadana, donde quienes trabajan ahí tienen en su mayoría una relación contractual con el municipio. Sus compras son públicas y su documentación se puede acceder a través de la Ley de Transparencia. También están sujetas a la supervisión de la Contraloría. Pero en Las Condes y Lo Barnechea, los municipios le transfieren grandes sumas de dinero a entidades privadas sin fines de lucro para que implementen medidas anti-delitos. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes y Lo Barnechea Seguridad son organizaciones funcionales municipales, es decir, que se rigen por el mismo cuerpo legal que ampara a las juntas de vecinos o los centros de madres. Dentro de algunos gastos que se realizan a través de la Unión Comunal están las remuneraciones de los patrulleros, sus uniformes, la compra/arriendo de vehículos y motos, la adquisición de tecnologías como cámaras corporales y servicios de asesorías y capacitaciones, según explicó la directora de Seguridad Pública de Las Condes en el concejo comunal del 12 de diciembre de 2019.
¿Cuánto dinero público llega a estas organizaciones?
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes y Lo Barnechea Seguridad han recibido $14.600 millones entre 2019 y agosto de 2021, según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (Registro 19.862). Estos dos organismos privados recibieron casi $6 mil millones solo en 2019. Un monto muy superior al de Pudahuel, Lo Prado, Renca y Quinta Normal, que gastaron en conjunto $2.100 millones en seguridad ese mismo año, según constató un reportaje de Informe Especial de TVN.
Los montos que los municipios le transfieren a estos entes privados deben ser previamente aprobados en las sesiones de sus respectivos concejos municipales en forma de subvenciones. Pero la Contraloría General de la República no tiene la facultad de fiscalizar la contabilidad ni el patrimonio de Lo Barnechea Seguridad ni de la Unión Comunal de Las Condes. Los recursos de estos dos organismos funcionales pueden provenir de otras fuentes además del municipio, tales como rifas u otros eventos sociales, por lo que no pueden ser totalmente fiscalizados.
Aunque utilizan recursos municipales, estas entidades no están sujetas a las normas de transparencia y acceso a información que permiten conocer cifras y documentos de gastos ejecutados en reparticiones públicas. Un informe del Observatorio Fiscal critica que no tengan las mismas regulaciones que los municipios, ya que “ejercen funciones de interés público y administran patrimonio de igual naturaleza que las del Gobierno Central y los organismos públicos definidos por ley, los que merecen ser conocidos y rendidos frente a la ciudadanía”. Además, advierte que hay “claros riesgos en materia de probidad y conflictos de interés, puesto que sin la debida transparencia y disponibilidad de información clave” como la nómina del personal, se dificulta el control sobre potenciales situaciones de riesgo, “como el pago de remuneraciones adicionales y horas extras, sobre la base de honorarios, a personas ya contratadas por la municipalidad”.
Ni la Unión Comunal ni Lo Barnechea Seguridad transparentan sus nóminas de trabajadores ni proveedores. El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), explica que “no es posible publicar las listas de remuneraciones de personal y proveedores, ya que afectaría la privacidad y derecho a la intimidad de éstos, sin que una ley lo faculte”. Él sabe bien de seguridad: en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera fue subsecretario de Prevención del Delito.
Un mecanismo de compras públicas alternativo riesgoso
La directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Paula Díaz, asegura que el principal problema es que estas entidades privadas no están obligadas a utilizar Mercado Público, la plataforma de compras del Estado y por lo tanto no están sometidas a los mismos estándares de transparencia que las organizaciones que sí la utilizan.
Un informe del Observatorio Fiscal alertó en 2017 que este modo de adquirir bienes y servicios “genera un evidente riesgo de conflictos de interés por motivos como que, por ejemplo, no existe una prohibición explícita sobre el grado de afinidad o relación entre quienes requieren contratar servicios y quien los provee, generando potenciales espacios para favorecer a proveedores en desmedro del bien de la entidad privada y, en definitiva, de la municipalidad y de la comunidad”. Esta situación genera potenciales riesgos de compras de productos y servicios con sobreprecios y funcionarios que eventualmente puedan recibir sobresueldos. En los últimos cinco años, el municipio de Lo Barnechea le ha traspasado $5.800 millones a Lo Barnechea Seguridad. Mientras que, en ese mismo periodo, la Municipalidad de Las Condes le ha entregado $22 mil millones a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, lo que equivale al financiamiento de siete edificios de viviendas sociales como el de Rotonda Atenas en la comuna.
¿Quiénes son estos organismos privados dependientes de los municipios?
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes es una agrupación de juntas vecinales. La municipalidad de Las Condes le destina una subvención anual para la realización de programas complementarios de seguridad de la comuna, tales como Resguardo de Colegios, Plan Colón, Fono Vacaciones, Seguridad Peatonal, entre otros. La Dirección de Seguridad Pública del municipio es la encargada de supervisar el uso de esta subvención, según actas municipales.
La Unión Comunal se define a sí misma como “un apoyo a la municipalidad en la estrategia contra la delincuencia”, en su sitio web. Sin embargo, el municipio también usa esta agrupación para financiar servicios de otras áreas. Por ejemplo, paga la subvención del programa de salud dental móvil con la Clínica Nómade, que funciona desde 2018 y, hasta ahora, no ha sido licitado, a pesar de la insistencia de algunos concejales. El ex alcalde Joaquín Lavín, afirmó que “entendía que jurídicamente la forma correcta es a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos”, durante un concejo municipal donde se discutió sobre el organismo que debía hacerse cargo del servicio. (Ver recuadro: Clínica Nómade y el programa de salud dental “a dedo” en Las Condes)
En diciembre de 2017, el ex alcalde Lavín mencionó durante el concejo comunal que dado el crecimiento de estos programas, la Unión Comunal se había convertido en una unidad aparte del Departamento de Seguridad Ciudadana, lo que, a su juicio, no correspondía, porque “en Las Condes, debe existir sólo un mando para la seguridad ciudadana municipal”, afirmó. En las actas del concejo también consta que Lavín explicó que había evaluado “la factibilidad que esos programas estuviesen a cargo de AMSZO (Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente)”, lo que finalmente no se concretó. En la sesión del concejo comunal del 22 de marzo de 2018, el entonces alcalde anunció que se había optado por continuar entregando la subvención a la Unión Comunal y se aprobó una transferencia de $970 millones a la organización. En lo que va de este año, Las Condes le ha transferido $207 millones a la Unión Comunal, según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.
Lo Barnechea Seguridad –también llamada Proseguridad– se compone por la Organización Comunitaria Funcional Proseguridad y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), alianza que coordina acciones anti-delitos entre Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, según lo explicado por el ex secretario ejecutivo de la AMSZO, Hugo Bugueño, en un concejo municipal de 2020. Bugueño afirmó entonces que el 100% de la seguridad del municipio estaba concentrada en estos dos entes privados, porque la planta municipal “no permite dotarla de la cantidad de recursos humanos que requiere el modelo de seguridad de Lo Barnechea”.
Al ser consultado por la decisión de usar estas entidades privadas para traspasar más recursos que lo permitido por la ley, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, dijo que “las dotaciones de los municipios deben ajustarse a sus plantas” y que su municipio sólo considera 357 cargos.
La única información que ha transparentado Lo Barnechea Seguridad en su página web, es una compra por más de $300 millones para la instalación de 20 cámaras de televigilancia en 2019.
Cabe destacar que el director ejecutivo de Proseguridad (Lo Barnechea Seguridad), Marcelo Gaete Herrera, también se desempeñó como gerente administrativo de la AMSZO, desde diciembre de 2016 hasta 2019, y previo a esto fue el director de control interno de la Municipalidad de Lo Barnechea, desde 2012 hasta noviembre de 2016.
Los patrulleros desprotegidos por el municipio
Los 200 patrulleros de seguridad de la Municipalidad de Las Condes están contratados a través de la Unión Comunal, lo que significa que la municipalidad no tiene responsabilidad alguna en caso de que sean víctimas de faltas al Código del Trabajo. En 2015, la Contraloría desestimó un requerimiento del Sindicato de la Unión Comunal que solicitaba investigar “la falta de capacitación y recursos necesarios para desarrollar las labores de seguridad», afirmando que la entidad fiscalizadora no podía “pronunciarse sobre las condiciones de contratación del personal dependiente de una entidad privada”. Años después, en 2018, la Unión Comunal le pidió a la Inspección del Trabajo de Santiago Oriente, que rebajara las multas que se le habían asignado por “no otorgar descanso semanal compensatorio” a un trabajador y “no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”. No obstante, esta solicitud fue rechazada y la organización vecinal tuvo que pagar una multa de $150 mil.
Más tarde, en 2020, un patrullero denunció a la Unión Comunal y a la Municipalidad de Las Condes por despido injustificado y malas prácticas como la “imposibilidad de gozar del descanso dentro de jornada”. La sentencia del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago aseguró que esto no se podía catalogar como subcontratación por parte del municipio de Las Condes, debido a que “la Municipalidad no aparece como mandante de la Unión Comunal, ni ésta última como mandataria o contratista para la ejecución de obra o faena alguna del Municipio”. Finalmente, el Segundo Juzgado del Trabajo estipuló que la Municipalidad de Las Condes no debía hacerse cargo y que solo la Unión Comunal tenía que pagar unos $7 millones por este despido.
En el municipio de Lo Barnechea, al igual que en Las Condes, los patrulleros son contratados mediante entidades privadas: Lo Barnechea Seguridad y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), según explica el alcalde Cristóbal Lira, quien asegura que “dichos empleadores son fiscalizados permanentemente por la Dirección del Trabajo”.
El ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya, señala que la privatización de la seguridad es un tema “especialmente delicado”. Araya afirma que las alianzas público-privadas son positivas en muchos ámbitos, “pero en este tema de la seguridad se trata de la vida de las personas, de un derecho humano fundamental al que toda la población debe acceder en igualdad de oportunidades”. En esa misma línea, el experto añade que “si no provees ese derecho desde el Estado y queda en manos privadas, simplemente estás segmentando y haciendo que solo ciertos sectores de la población puedan acceder a eso, dependiendo de los recursos que tiene”.
Hasta ahora, no se ha reformado el funcionamiento de estas entidades privadas que los municipios financian y utilizan en áreas como la seguridad. En marzo de 2021 el Ministerio de Hacienda envió al Congreso un proyecto de ley que moderniza la Ley de Compras Públicas para introducir mayor competencia y gestión en el mercado de estas. Sin embargo, esta iniciativa no contempla a las organizaciones funcionales como Lo Barnechea Seguridad y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes. Actualmente, este proyecto está en segundo trámite constitucional en el Senado y desde el 3 de agosto de 2021 se encuentra con urgencia simple, lo que significa que la discusión y votación del proyecto deberá quedar terminada para el 2 de septiembre de 2021.
Los contactos de prensa de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, y de Felipe Guevara, ex alcalde de Lo Barnechea y actual Delegado Presidencial de Santiago, recibieron las preguntas para este reportaje, pero no las respondieron. Tampoco lo hizo el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
*Este reportaje fue realizado en el Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile con la guía del profesor Juan José Lyon. También contó con la edición de la profesora Paulette Desormeaux.
Clínica Nómade y el programa de salud dental “a dedo” en Las Condes
En la sesión del 2 de noviembre de 2017 del Concejo Municipal de Las Condes, se aprobó una subvención directa de $15 millones para que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes contratara el programa piloto de salud dental de la Clínica Nómade, que está a cargo de la Sociedad Santa Blanca SPA. Este convenio fue elegido a discreción de las autoridades municipales y no fue licitado, a pesar de la insistencia de algunos concejales. En esa instancia, el concejal Julio Dittborn pidió que este servicio fuera licitado, a lo que el concejal Patricio Bopp, respondió que “no se realizó una licitación pública porque previamente el municipio negoció con la clínica para llegar a un precio menor”.Este monto equivalía a mil atenciones para personas con Tarjeta Vecino de Las Condes, focalizadas especialmente para la clase media. En el concejo se explicó que, por cada atención, el municipio subsidiaría $15 mil y el vecino aportaría un copago de otros $15 mil. En Las Condes trabajan 32 funcionarios dentales en los centros de Atención Primaria de Salud, a los que pueden acceder solo vecinos parte de FONASA. El programa odontológico móvil de Clínica Nómade cuenta con cinco odontólogos, según el concejo comunal del 17 de diciembre de 2020.
Meses después, el concejal Bopp consultó por qué razón esta subvención se entregaba a la Unión Comunal y no a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DECOM), en el concejo comunal del 11 de enero de 2018. A lo que Carlos Alarcón, en ese entonces director de Desarrollo Comunitario, respondió que la Sociedad Santa Blanca ya tenía la base de datos de las personas con Tarjeta Vecino vigente para verificar que fueran residentes de la comuna. El concejal Bopp, señaló que, en un inicio, esta subvención del programa dental fue aprobada para la DECOM, por lo que le llamaba la atención que, en esa oportunidad se otorgara a la Unión Comunal. El ex alcalde Joaquín Lavín respondió que “entendía que jurídicamente la forma correcta es a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos”. Por otra parte, el ex director Alarcón, explicó que “dicho servicio no puede ser entregado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, sino que debe hacerse a través de una organización con personalidad jurídica”. Sin embargo, en esta sesión del concejo no se explicó por qué este programa odontológico debía realizarse a través de una organización con personalidad jurídica.
El servicio de odontología siguió a cargo de la Clínica Nómade, subvencionado por la Unión Comunal, hasta junio de 2019, según el concejo comunal del 25 de abril de ese año. En dicha ocasión, el ex concejal Felipe De Pujadas dijo que se estaban preparando bases para un proceso de licitación, pero no hay indicios en decretos alcaldicios ni en Mercado Público de que esto se haya concretado posteriormente.
Meses más tarde, en agosto de 2019, el ex concejal De Pujadas expuso durante un concejo municipal, que, a esa fecha, la Clínica Nómade había entregado 5.962 atenciones desde su inicio en enero de 2018, a pesar de haber señalado antes que el programa dental no estaba atendiendo la cantidad de vecinos que se requería en esa clínica y que el organismo no había ejecutado la totalidad de la subvención. Además, el ex concejal De Pujadas aseguró que “todos comparten que dicho servicio debería ser licitado”, pero “dado que no se ha logrado avanzar en esa materia”, solicitaría que se analizara la factibilidad de otorgar la subvención hasta diciembre de 2019. Tras esto, el ex alcalde Lavín respondió que se estudiaría continuar con el programa y el ex concejal Ricardo Cortés recalcó: “Cabe recordar que la idea era licitar este servicio, para efecto de contar con distintas alternativas”.
Un contrato municipal de noviembre de 2019 muestra que se mantuvo el convenio del programa con la Clínica Nómade, pero que la subvención pasó a manos de otra entidad privada municipal: la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.
Uno de los principales accionistas de Sociedad Santa Blanca SPA es el dentista Francisco Delmás Florimo, hermano de Sebastián Delmás Florimo, quien trabajó como abogado en la Municipalidad de Maipú (2017-2018), es jefe del programa Denuncia Seguro en la Subsecretaría de Prevención del Delito (2018-2021) y se postuló a concejal por Renovación Nacional en Providencia (2021).
