El sistema ha sido cuestionado internacionalmente por sus altos porcentajes de error en la identificación de rostros. En Las Condes el software solo ha detectado a dos personas en seis meses. La compra fue realizada a través de una asociación privada de seguridad junto al municipio de Lo Barnechea. Esta comuna también adquirió la tecnología por unos $45 millones, pero según el alcalde Lira, aún no se ha estudiado su eficacia.
Por: María Fernanda Leiva y Tamara Silva*
* Este reportaje fue realizado en el Taller de Periodismo Avanzado de la facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contó con la guía del profesor Juan José Lyon y la edición de la profesora Paulette Desormeaux.
“Tenemos el mejor Reconocimiento Facial de Chile. Con foto/grabación podríamos saber de inmediato quiénes destruyen o saquean. Solo que no tenemos una base de datos con la cual contrastar esos rostros. Si tuviéramos acceso a base del Registro Civil sabríamos altiro de quién se trata”, tuiteó Joaquín Lavín el 8 de diciembre de 2019.
En enero de este año, el municipio de Las Condes tenía 187 cámaras de videovigilancia en la vía pública. Diez de ellas estaban conectadas al sistema de IDEMIA, una multinacional francesa dedicada a la tecnología que provee servicios de identificación para seguridad a compañías y gobiernos. En Chile, también está a cargo de la producción de las cédulas de identidad y pasaportes desde 2013.
El software de IDEMIA permite un análisis, en tiempo real, de imágenes que son capturadas 24/7 por las 10 cámaras de la comuna, principalmente, en las salidas de las estaciones de Metro. Posteriormente, estas imágenes se cruzan con la base de datos de la PDI para detectar personas, rostros, movimientos y otros elementos, según lo explicado en el Consejo de Seguridad de Las Condes del 28 de junio de 2019.
Lo mismo ocurre en Lo Barnechea, donde también hay 10 cámaras con detección facial.
La compra de este software de reconocimiento facial fue por medio millón de dólares (USD $582.880), equivalente a más de $390 millones de pesos al valor del dólar de la fecha del contrato. El contrato fue firmado por la AMSZO (Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente), sin previa licitación, por el servicio de IDEMIA para Las Condes y Lo Barnechea, el 28 de enero de 2019. Del monto total, USD$517.880 le corresponden a Las Condes, mientras que el convenio con Lo Barnechea es por USD$65.000.
Diez meses después de la millonaria compra, el ex alcalde Joaquín Lavín dijo, en el Consejo de Seguridad de Las Condes del 29 de noviembre de 2019, que a esa fecha el software de IDEMIA todavía no había sido utilizado. En ese momento, el encargado de Proyectos Tecnológicos, Francisco Aguayo, explicó que todavía se le estaban realizando ajustes y que seguían trabajando en el convenio con la PDI, por los mismos motivos legales que en Lo Barnechea. La PDI es quien maneja la base de datos de rostros y este convenio era necesario porque por la ley que regula la protección de la vida privada, solo la PDI puede hacer uso de esta información.
El 28 de diciembre de 2020, aproximadamente un año después del inicio del funcionamiento del reconocimiento facial en Las Condes, el subprefecto de la PDI, Julio Caro, informó durante el Consejo de Seguridad, que en ese último semestre se obtuvieron 10 resultados positivos, es decir, detectaron a 10 sujetos de un total de 20 requerimientos, donde solo dos casos correspondían a la Brigada de Investigación Criminal Las Condes. Esto se puede traducir en un gasto de cerca de $46 millones por rostro detectado.
Fuente: Consejo Comunal de Seguridad Pública de Las Condes del 28 de diciembre de 2020
Le preguntamos al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, sobre las cifras de eficacia de las 10 cámaras de detección facial en su comuna y respondió que debido al “uso masivo de mascarillas desde marzo de 2020, no han existido en ese periodo las condiciones necesarias que permitan evaluar la eficacia de las cámaras de reconocimiento facial”.
¿Por qué se hizo esta compra a través de la AMSZO? El 10 de mayo de 2018, el concejo municipal de Las Condes aprobó una cuota de $260 millones para la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente con el fin de implementar el sistema de reconocimiento facial y otros proyectos de innovación. En esta instancia, el concejal Carlos Larraín cuestionó el traspaso de dinero a la Asociación y el ex alcalde Lavín le respondió que el aporte se hacía ya que “por razones administrativas se considera un mecanismo más eficiente” para estas compras. Asimismo, la directora de Seguridad Pública del municipio, Javiera Benítez, dijo que adquirir el proyecto piloto de reconocimiento facial a través de la Asociación “permite recuperar la inversión, puesto que la idea es vender dicho proyecto a otros municipios u organismos y además, permite generar nuevos recursos para desarrollar nuevos proyectos”.
Limitaciones del reconocimiento facial
El 28 de junio de 2019, tras la exposición del funcionamiento de esta tecnología en el Consejo de Seguridad de Las Condes, José María Eyzaguirre, vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), mencionó que “entiende que algunas cámaras no pueden capturar el rostro de una persona, por ejemplo, aquellas que se encuentran situadas a gran altura”, y añadió que la detección facial se dificultaba aún más si “el sujeto oculta su cara con un gorro, lentes u otro tipo de vestimenta”. Lo que fue confirmado por el jefe del proyecto, quien precisó la importancia de que las cámaras estén ubicadas estratégicamente para detectar los hechos y puedan entregar información útil para la policía.Respecto a los sistemas de detección facial, la abogada y analista de políticas públicas de la ONG latinoamericana Derechos Digitales, Michelle Bordachar, menciona que “hay una clara coalición de derechos, o así lo van a plantear quienes quieren establecer herramientas de vigilancia en la población. Siempre el argumento va a ser la seguridad”. La abogada explica que el reconocimiento facial es vulneratorio de derechos y garantías fundamentales, pero no es propiamente inconstitucional. “No es solo la privacidad y la protección de datos, también es la presunción de inocencia, porque, en el fondo, esa es la lógica. Pasamos todos a ser sospechosos… todos somos potenciales delincuentes”, dice Michelle Bordachar.
Una tecnología fallida a nivel mundial
Casos nacionales e internacionales han demostrado que esta tecnología de detección facial presenta un gran porcentaje de errores en la identificación de personas. En marzo de 2019, Las Últimas Noticias informó que, una solicitud del Consejo para la Transparencia (CPLT) al Mall Plaza Los Dominicos y a la PDI, sobre el funcionamiento de las cámaras de reconocimiento facial del centro comercial, reveló que el software Herta, utilizado por la PDI, tuvo un 90% de falsos positivos (errores en la identificación de personas) durante su período de prueba, entre mayo y junio de 2018. Mientras que ese mismo año, la Policía Metropolitana de Londres arrojó un 98% de falsos positivos con esta tecnología, según lo informado por The Independent. Y, en junio de 2020, el jefe de policía de Detroit, Estados Unidos, afirmó que, en investigaciones policiales donde se utilizaba el software de reconocimiento facial, el sistema fallaba el 96% del tiempo, esto tras el arresto erróneo de una persona afroamericana, de acuerdo al artículo de Vice.
Luego de que se le mencionaran las limitaciones del reconocimiento facial y los casos de falsos positivos al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, comentó que “se requieren condiciones mínimas para su adecuado funcionamiento, y por ello en su instalación y operación se siguen las indicaciones de los fabricantes a fin de alcanzar su máxima tasa de eficacia”.El experto en seguridad y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya, afirma sobre el reconocimiento facial: “si este tipo de proyectos fueran sometidos a una evaluación de efectividad, claramente no saldrían aprobados, porque no están cumpliendo su objetivo y es dinero público que se está malgastando”.
Otros dispositivos de vigilancia: los globos y drones
Además de las cámaras de reconocimiento facial, la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente cuenta con seis globos y cuatro drones de vigilancia. Según la planilla de compras transparentada por la Asociación, se ha pagado $1.100 millones por el arriendo y compra de seis globos entre abril de 2019 y abril de 2021. Uno de los gastos asociados a estos dispositivos es la compra del helio necesario para su funcionamiento, a la empresa Air Liquide, por un monto que asciende a $68 millones. Mientras que, entre febrero de 2020 y enero de 2021, se ha pagado $235 millones por la compra y arriendo de los drones.
En la Municipalidad de Las Condes ya hace algunos años se dejaron de usar globos de televigilancia. En diciembre de 2017, el concejo comunal de Las Condes aprobó el término anticipado del contrato por el arriendo de su globo. En esa sesión, el ex alcalde Joaquín Lavín afirmó que estimaba que “se trataba de un contrato bastante caro, en términos de rentabilidad” y añadió que “en materia de seguridad, se consideraba más eficiente los drones”.Por otra parte, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, mencionó en un concejo de junio de 2020 que los globos “han sido un elemento bien importante para dar protección, da la sensación de seguridad”, pero que faltaba utilizarlos más para detectar delitos, añadiendo “podemos sacarle mejor partido”.
¿Por qué los alcaldes invierten en estas tecnologías innovadoras, pero no eficaces?
La abogada y analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Michelle Bordachar, cree que “por una parte está el tema del tecnosolucionismo. La tecnología no es 100% infalible cuando se dedica a hacer cosas propiamente humanas, porque la tecnología no tiene contexto”. Y, por otra parte, menciona que “todos los políticos han descubierto que vende muy bien esto del terror de la gente. Y cuando uno ve las encuestas de la PDI sobre la sensación de miedo, es mucho más alta que la criminalidad real”, afirma la analista de políticas públicas.
Según la reciente Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la victimización bajó en 2020 a 19,2%, pero la percepción de aumento de la delincuencia en el país llegó a 84,3%. El ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya, apunta a que “hay un afán de marketing”, porque los alcaldes “quieren ganarse la aprobación de la población y saben que el tema de seguridad es el tema más sensible para cualquier comunidad. Le interesa aparecer como una persona que da respuesta a ese problema de la seguridad y para eso hay que buscar cosas novedosas”.
