Estas tres municipalidades del sector oriente se unieron en 2016 para crear una asociación que les permite realizar compras de seguridad sin la misma transparencia ni escrutinio público del que tendrían por ley si usaran el sistema de compras oficial del Estado: Mercado Público. Hay al menos 38 compras hechas por trato directo que de haber sido hechas por los municipios deberían haberse licitado, asegurando competencia entre proveedores. Entre ellas están convenios con SOSAFE y contratos de asesoría jurídica con la Universidad Finis Terrae.

Por: María Fernanda Leiva y Tamara Silva* 

* Este reportaje fue realizado en el Taller de Periodismo Avanzado de la facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contó con la guía del profesor Juan José Lyon y la edición de la profesora Paulette Desormeaux.

Cuando un municipio necesita comprar algo, debe recurrir al portal de adquisiciones del Estado:  Mercado Público. Allí queda un registro de lo que se está pidiendo a los proveedores, de las condiciones del contrato, si fue un trato directo con un proveedor o  se adjudicó a través de una  licitación donde distintos proveedores participaron. Este sistema permite que todas las personas puedan buscar allí documentos para indagar y fiscalizar en las compras que realizan los organismos públicos. Pero hay municipalidades que decidieron no usar este conducto regular.

Las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea optaron por un mecanismo de adquisiciones alternativo a Mercado Público para pagar los gastos de sus proyectos relacionados a la seguridad, una de sus mayores prioridades. Esta forma de adquirir productos y servicios impide que los y las ciudadanas puedan acceder a los documentos que detallan cómo se gastó el dinero de su municipio. Un ejemplo: la ley establece que si la municipalidad contrata guardias de forma directa, o compra elementos de protección para su personal, los documentos y la fundamentación de esas adquisiciones debe ser de acceso público. Pero si transfiere dinero a una entidad privada que a su vez hace compras relacionadas a seguridad, esa información de cómo se ejecutó el gasto o a quién se compraron los productos se mantiene reservada.

En septiembre de 2014, el entonces alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba –quien hoy enfrenta una querella por fraude al fisco interpuesta por el municipio–, Francisco de la Maza, ex alcalde de Las Condes, y Felipe Guevara, entonces edil de Lo Barnechea, anunciaron que impulsarían una unidad de seguridad en conjunto. Se trató de una asociación comunal a la que llamaron Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO). Esta fue inscrita en abril de 2016 y desde entonces, gran parte de los recursos de estas comunas se transfiere a esta entidad privada.

La información del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, muestra que entre abril de 2016 y agosto de 2021, la AMSZO recibió $29.100 millones de estos tres municipios. La municipalidad que más dinero le transfirió fue Lo Barnechea: fueron $24.900 millones, es decir, casi el 86% del total. Las Condes transfirió $2.800 millones y Vitacura $1.300 millones. Llama la atención que este municipio sólo transfirió un monto menor en 2018 y la gran mayoría del dinero este año.
Si quieres conocer cómo se aprobaron los dineros transferencias a la AMSZO en los concejos municipales por comuna, revisa acá

Consultada para este reportaje sobre cómo se ejecutaron dichos recursos, la AMSZO entregó una planilla donde consta que ha pagado $13.600 millones por el total de compras que realizó entre entre julio de 2016 y abril de 2021. En ese tiempo, la entidad hizo 14 licitaciones privadas con 11 empresas, un número limitado al considerar que para dichas adquisiciones había 348 proveedores de entre los que podía elegir. 

Cabe destacar que hay al menos 38 compras que si hubiera realizado la municipalidad de forma directa deberían haberse licitado, asegurando así que hubiese competencia entre proveedores. Esto, porque el monto de la transacción superaba el límite de 1.000 UTM (unos $50 millones) que fija la Ley de Compras Públicas. Entre esas compras está el convenio con SOSAFE, el contrato con la Universidad Finis Terrae para la defensoría comunal y la compra de un software de reconocimiento facial a la compañía IDEMIA (ex Morpho).

Actualmente, existen 67 asociaciones comunales en Chile que funcionan como entes privados sin fines de lucro, según consta en el Registro Único de Asociaciones Municipales del Ministerio del Interior. Entre estas, solo tres se dedican a temas de seguridad: la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente o AMSZO (2016), creada por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, creada en 2018 por Estación Central, Independencia, Providencia y Santiago, y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana Concón – Limache, creada en 2019 por estas dos comunas.

En el sector oriente de la capital, hay otras entidades privadas dedicadas a la seguridad que  -al igual que la AMSZO- reciben multimillonarios aportes. Por ejemplo, Lo Barnechea Seguridad y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, ambas organizaciones funcionales municipales, es decir, que se rigen por el mismo cuerpo legal que ampara a las juntas de vecinos o a los centros de madres.

La compra de GPS

Los montos que los municipios le transfieren a las asociaciones comunales deben ser previamente aprobados en las sesiones de sus respectivos concejos municipales. Pero los y las concejales no tienen injerencia en cómo se gasta dicho dinero una vez que llega a las entidades privadas. Es más, las actas municipales –que detallan lo que ocurre en estas reuniones– evidencian que en muchas ocasiones no hay acuerdo en si los recursos deben ejecutarse a través de la AMSZO.

Fue lo que ocurrió cuando Vitacura decidió comprar GPS para rastrear vehículos robados. El 6 de septiembre de 2018 se discutió en el concejo comunal la aprobación de  $27 millones para la compra de los aparatos. Sin embargo, en ese momento no había claridad sobre cómo se implementaría lo que estaba proponiendo el ex alcalde Torrealba. En la sesión, el concejal presidente de la comisión de Seguridad, Matías Bascuñán, mencionó que entendía que querían seguir el ejemplo de Las Condes, pero que no tenían “mayor detalle de quién lo ofrece, ni qué empresa y cómo se hace”. 

Esto alertó al entonces concejal Cristián Araya, quien dijo que no entendía por qué se iba a aportar el dinero sin tener los antecedentes. “Me complica este asunto, porque pareciera que están poniendo los bueyes detrás de la carreta, toda vez que no tenemos claro si esto va a ser un subsidio temporal, un subsidio permanente, es la adquisición o es el financiamiento mensual del uso de este GPS”, dijo Araya, según consta en el acta del concejo.  Torrealba le respondió que para diseñar la operación necesitaba tener los recursos primero. “Yo necesito tener esto para luego salir en el mercado y ver el detalle claramente”, aseguró, y  añadió que se realizaría “una suerte de licitación privada” a través de la AMSZO.  

Esto no dejó tranquilo a Araya quien dijo que “hacer la transferencia de estos recursos a la Asociación de Municipalidades de Seguridad de la Zona Oriente me parece precipitado si no están los otros antecedentes. O sea, estamos tomando la decisión de embarcarnos ya con 27 millones de pesos, de transferirlos a la Asociación y no tenemos claro cuánto es, cuántos beneficiarios serían, ni cuáles serían las repercusiones”. A Araya le preocupaba un punto en particular y fue claro al respecto: “La AMSZO lo hace privadamente y no pasa por el Concejo”, advirtió. Torrealba reaccionó de inmediato. “Usted no deje sentada la idea como que en la AMSZO tenemos una suerte de guarida para esconderle temas al Concejo –dijo el entonces alcalde–. Si bien podría yo intentar hacer eso, no me parecería el camino adecuado para hacerlo (…) Todas y cada una de las acciones que se han realizado por la AMSZO han sido previamente aprobadas por el Concejo”. 

Finalmente, a pesar de no tener detalles sobre la iniciativa, todos los concejales,  incluyendo a Cristián Araya, aprobaron el traspaso de dinero para la compra de GPS. Desde 2018, el municipio de Vitacura subsidia estos aparatos a través de la AMSZO. Según el contrato, el convenio duraría hasta octubre de 2022 y cada alarma tiene un costo de $1.300 para la Asociación.

En mayo de este año, Torrealba planteó potenciar el programa de seguridad a través de un mayor uso de la AMSZO. Consultada sobre la continuidad de esa estrategia, Camila Merino, actual alcaldesa de Vitacura, respondió que el plan de su administración “incluye la articulación de proyectos conjuntos con las comunas vecinas para fortalecer la seguridad de nuestros vecinos” y aseguró que “los recursos de la asociación se gastan en lo que las autoridades municipales disponen y existe un control permanente por parte del municipio de dónde y cómo se gastan”. Merino indica que la última auditoría realizada es de diciembre de 2020. 

Así mismo, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, explica que la Asociación es auditada por las empresas externas Deloitte y EY. También señala que existe “la facultad de cada municipio socio a través del Concejo Municipal o la Dirección de Control Interno, de requerir la información de los dineros entregados en la oportunidad que estimen pertinente”. Dichas rendiciones de cuentas fueron solicitadas a la Asociación, tras derivaciones de los municipios, pero no fueron entregadas.

La actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, y Felipe Guevara, ex alcalde de Lo Barnechea y actual Delegado Presidencial de Santiago, recibieron las preguntas para este reportaje pero no las respondieron. Tampoco lo hizo el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

Los $1.200 millones que Vitacura transfirió sin licitación a la Universidad Finis Terrae

La Defensa Comunal de Vitacura es una clínica jurídica que provee asesoría legal gratuita para los vecinos de la comuna. El servicio lo otorga un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Finis Terrae, quienes son asesorados por un comité de académicos de esa Facultad. Según información entregada a América Transparente por esta Asociación, entre 2016 y abril de 2021, la AMSZO le ha pagado $1.200 millones a la Universidad Finis Terrae por la contratación del programa de asesorías jurídicas. Ese dinero viene del municipio de Vitacura a través de cuotas que transfiere a la AMSZO desde 2016. El convenio está fijado hasta 2021, pero cuenta con la posibilidad de ser renovado por tres años. 

El contrato de este servicio a la Finis Terrae se hizo a través de un trato directo, es decir, sin que hubiese competencia entre otras instituciones educacionales para adjudicarse la Defensa Comunal de Vitacura. Es probable que esto se deba a que el convenio con esta universidad privada data de 1993, pero ¿por qué quedó el pago del servicio en manos de la AMSZO? El ex alcalde Torrealba, mencionó en el concejo comunal del 12 de mayo de este año que estas iniciativas se financian a través de la Asociación para “materializar de manera más directa la ejecución de los programas”, ya que esta entidad privada era “el vehículo administrativo para ejecutarlo”, a pesar de que “todos los programas están a cargo de seguridad pública comunal”. 

Contactado para este reportaje, Torrealba, se negó a responder preguntas sobre su participación en la AMSZO y la Defensa Comunal de Vitacura, explicando que ya no es parte del municipio y que la Asociación era administrada por Lo Barnechea. 

En septiembre de 2016 el concejo municipal aprobó por unanimidad el hacer una transferencia de $13 millones a la AMSZO, para financiar un informe que diera cuenta del funcionamiento de la Defensa Comunal de Vitacura en los últimos tres meses. En esa oportunidad, el ex alcalde Torrealba le solicitó a la Defensa Comunal que informara mensualmente al concejo cuáles eran los resultados de sus gestiones. No hay información pública sobre posteriores pagos de informes, pero en agosto de 2017, el concejal Matías Bascuñán mencionó durante la sesión del concejo que Emmanuel Bernales,  jefe de la Defensoría de Vitacura, les enviaba información constantemente sobre los avances en la defensoría. Así, Bascuñán aseguró que “durante el primer semestre hubo cerca de 300 detenidos, de los cuales todos tuvieron ayuda en la Defensoría Comunal. De esos 300 detenidos hubo alrededor de 100 querellas interpuestas, y de esas 100 querellas interpuestas hubo 50 casos con algún grado de medida preventiva o cautelar”. El concejal explicó que para él esas cifras hablaban de “la eficiencia del sistema”, porque tener a la mitad de las personas querelladas con medidas cautelares sobrepasaba con creces la cifra nacional, que aseguró ser un 5%. Por eso, anunció que la alta demanda de casos requería un aumento de la paga. En ese momento, el concejo comunal aprobó un aporte de $50 millones, adicionales a los $220 millones que ya pagaba de forma anual por el programa.

Actualmente, el pago anual a este programa de la U. Finis Terrae supera los $350 millones, según la aprobación de aportes municipales a la Asociación para el año 2020. En mayo de este año, el concejal Felipe Irarrázaval mencionó en el concejo que en la Defensa Comunal tienen “más de 40 personas presas”. 

Lo Barnechea también utiliza a la AMSZO para pagar servicios similares. Desde 2013 cuenta con la Unidad de Víctimas y Persecución Penal de Lo Barnechea Seguridad. Hasta antes de la creación de la AMSZO, Lo Barnechea contrataba directamente los servicios de asesoría legal, gestión operativa y gestión jurídica penal, a la sociedad “Fiscalía Privada SpA”. Pero en 2016, a menos de tres meses de creada la AMSZO, el contrato dejó de ser con la municipalidad y pasó a la Asociación. Se pactó un pago de $2 millones mensuales para “Fiscalía Privada”. 

En 2018, el monto aumentó a $3 millones mensuales. Según lo informado en el sitio web de la AMSZO, el equipo cuenta con 12 abogados que trabajan con casos de delitos de robo con intimidación, violencia y delitos sexuales, entre otros. “Fiscalía Privada SpA” ha recibido $140 millones a la fecha. El término del servicio está contemplado para julio de 2021, con posibilidad de renovación por un año. 

 El trato directo con SOSAFE y su uso para campañas políticas

SOSAFE S.A. es la empresa tecnológica creadora de una aplicación online para reportes ciudadanos relacionados a la seguridad. Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura pagan este servicio a través de la AMSZO. Los contratos que la Asociación firmó con SOSAFE para usar el sistema en Lo Barnechea y Vitacura son de 2016 y se asignaron sin licitación. El que se refiere a Las Condes es igual, pero inició su convenio en 2017.

La AMSZO asegura haber pagado unos $797 millones a SOSAFE entre 2016 y abril de 2021. De este monto, cerca de $400 millones corresponden a un proyecto que incluye colectivamente a las tres comunas. Los pagos por los contratos separados con Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, ascienden a $170 millones, $145 millones y $81 millones respectivamente.

SOSAFE fue creada en alianza con un grupo de empresarios de seguridad dueños de Instagis, una empresa de datos digitales que según un reportaje de CIPER, cumplió un rol clave en las campañas electorales de 2016, el mismo año en que se firmaron los contratos con SOSAFE. Instagis habría facilitado que Raúl Torrealba (ex alcalde de Vitacura) y Felipe Guevara (edil en Lo Barnechea) renovaran su puesto en la alcaldía, y que Joaquín Lavín volviera al puesto de alcalde en Las Condes, al darles el servicio de perfilamiento de los vecinos de sus comunas y detectar sus miedos e intereses en seguridad, información que puede resultar crucial para las campañas políticas. Los datos que utiliza Instagis provienen justamente de SOSAFE.

En enero de este año, la Municipalidad de Las Condes informó en el Consejo comunal de Seguridad Pública que recibe un promedio de 147 alertas diarias y 4.407 mensuales a través de SOSAFE. Pero a esa fecha, sólo contaban con 20 casos que consideraban “exitosos”, es decir, que habían concluido con personas detenidas.

Fuente: Consejo de Seguridad Pública de Las Condes de 29 de enero de 2021.

Y en Vitacura, Matías Bascuñán, concejal presidente de la comisión de Seguridad, dijo en el concejo comunal de julio del año pasado, que el directorio de la AMSZO discutió terminar el contrato con SOSAFE y volver a instaurar un botón de pánico a través de Carabineros, ya que se estaba “desvirtuando” el sentido de la aplicación por la “red social” que se forma entre los reportes de los vecinos. “Que los vecinos ayuden a encontrar los gatos o los perros es súper bueno, pero esto nació para la seguridad y hoy está tomando otros destinos”, advirtió. La tercera alerta más frecuente en la aplicación es “Mascota perdida”.

Según el contrato, el servicio de SOSAFE debía terminar en marzo de este año. No obstante, al parecer la Asociación habría renovado este contrato, ya que en la planilla que entregó para este reportaje hay un pago a SOSAFE por $16 millones en abril de 2021.

En la imagen se puede ver que “Mascota perdida” es el tercer tipo de alerta más frecuente de la aplicación. Fuente: Consejo de Seguridad Pública de Las Condes de 29 de enero de 2021